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Las pruebas de cómo quedará la papeleta presidencial se iniciaron a pesar de la demanda presentada en la Corte contra la resolución de habilitación de José Raúl Mulino
El Tribunal Electoral (TE) inició al proceso de impresión de la papeleta para el cargo de presidente que se utilizará en las elecciones del próximo 5 de mayo.
La impresión de la papeleta presidencial se retrasó debido a la ausencia de la foto del candidato presidencial por la alianza Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino.
Además, la candidatura de Mulino está pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de haber sido ratificada por el TE.
La Corte recibió una demanda de inconstitucionalidad relacionada con la resolución del TE que habilita a Mulino como candidato presidencial después de la inhabilitación de Ricardo Martinelli. Martinelli se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua y ha sido condenado a diez años y ocho meses por lavado de dinero.
“Tenemos tiempo para modificar la papeleta”, afirmó Juncá en respuesta a preguntas sobre cómo podría afectar una decisión de la Corte. “La Corte debe tomar decisiones de acuerdo con los criterios constitucionales que ellos determinen”, aseguró el magistrado.
En otro orden de ideas, en el contexto de las próximas elecciones generales se ha anunciado una colaboración entre el TE y la Dirección General de Ingresos (DGI) con el objetivo de fortalecer la transparencia y el cumplimiento tributario en el financiamiento de las campañas políticas.
Esta alianza estratégica tiene como propósito principal promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la regulación del financiamiento público y privado relacionado con la campaña electoral.
En virtud de este acuerdo, el TE se compromete a proporcionar a la DGI el listado completo de los candidatos a todos los cargos de elección popular para las próximas elecciones, así como a ofrecer información detallada sobre cualquier incidencia detectada por actuaciones de candidatos o partidos políticos. Para ello, el TE utilizará herramientas especializadas para la fiscalización del gasto electoral, garantizando un monitoreo eficaz de las actividades financieras durante el período electoral.
Por su parte, la DGI asumirá la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias aplicables a candidatos, partidos políticos, donantes, contribuyentes receptores de la cesión de crédito de los partidos políticos, proveedores de servicios y otros contribuyentes relacionados con la campaña electoral.
Este esfuerzo conjunto busca garantizar la integridad y transparencia en el manejo de los recursos financieros destinados a las campañas políticas, fortaleciendo así la confianza en el sistema democrático.
