Reformas a la ley del Presupuesto General del Estado revive viáticos a altos funcionarios

La propuesta que modifica artículos de la Ley No. 418 de 29 de diciembre de 2023, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2024, ha generado reacciones por parte de los economistas.

Uno de los puntos álgidos es que esta reforma reviviría los viáticos a altos funcionarios y tomaría el control de gran parte de los presupuestos de partidas de entidades públicas con un tope de $5,000,000.00.

Los economistas consultados por “La Decana” critican que ambas medidas son desacertadas para un gobierno que supuestamente anuncia contención del gasto público y al mismo tiempo quiere desequilibrar el orden democrático entre los dos Órganos del Estado: Legislativo y Ejecutivo.

En su comparecencia en la Asamblea Nacional (AN), el pasado lunes, 5 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, explicó que “el proyecto busca restablecer al Órgano Ejecutivo las atribuciones que constitucional e históricamente han sido ejercidas por éste, para el eficiente y oportuno financiamiento del Estado”.

Este medio tuvo acceso al proyecto que recoge las posibles modificaciones a los artículos 325 y 297 de la citada ley de presupuesto y que la nueva Asamblea analizará en conjunto con los representantes del Órgano Ejecutivo, una vez llegue a la comisión respectiva.

Según la propuesta de ley presentada por el MEF, la modificación del artículo 297 de la Ley 418 de 2023, trata sobre los viáticos en el exterior, que ahora requerirán de la autorización del Ministerio de la Presidencia para el viaje, con no menos de 15 días de antelación a la fecha de la partida, con una serie de justificaciones como objeto del viaje, resultados esperados, costo del viaje, desglosado en transporte y viáticos del funcionario, entre otros requisitos.

También se establecen topes de viáticos a los altos funcionarios, como ministros, viceministros, diputados, por mencionar algunos, que realicen viajes al exterior que antes no estaban contemplados en la Ley 418. Ver gráfica.

El proyecto de ley seguirá exigiendo a los funcionarios enviar a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso toda la información correspondiente, a través de un informe.

El economista Adolfo Quintero mencionó que los viáticos deben responder al concepto de presupuesto de lo que se conoce como presupuesto por resultados. “Si van a dar un viático se debe hacer en función de buscar un objetivo y ese objetivo hay que, incluso, evaluarlo, es decir, te doy el viático en función de un resultado, que permite medir las acciones que tengan los funcionarios, no solo a niveles internos, sino externos, y que no se maneje el concepto de que se van a viajar sin entregar informes”, recalcó Quintero.

Por su parte, el economista Juan Jované dijo que no ve coherente que el gobierno, por un lado, esté exigiendo una austeridad en los gastos públicos, pero se va a la Asamblea Nacional a pedir la aprobación de viáticos que oscilan en $600 diarios.

“En lo personal, no estaría de acuerdo con eso. Yo creo que un gobernante que tiene la posición de un ministro educa con su ejemplo, entonces, si yo le estoy pidiendo sacrificios a la población para restringir el gasto público, me parece a mí que yo no debería estar promoviendo un cambio de ley, que en vez de mantener cierta austeridad va a aumentar los gastos del Estado, por más importantes que sean para el país”, aseveró Jované.

En tanto, la modificación del artículo 325 busca restablecer al Órgano Ejecutivo la facultad de manejar los traslados de partidas en el Presupuesto General de Estado hasta un tope de $5,000,000.00, en lo que queda de este año 2024.

Actualmente, el artículo 325 de la Ley 418 de 2023, establece a las instituciones públicas presentar las solicitudes de traslados al MEF, que con previa verificación de la efectiva disponibilidad de saldos, no comprometidos, tramitará o no la correspondiente solicitud. Además, los traslados de partidas de $5,000,000.00 o más se remiten a la Comisión de Presupuesto de la AN para su aprobación o rechazo.

Pero con la modificación presentada en la AN, el Órgano Ejecutivo espera que los traslados solicitados por las entidades públicas que asciendan hasta $200,000.00 podrán, previa evaluación del MEF, ser tramitados, realizados y autorizados por este ministerio y remitidos dentro de los primeros 20 días, de cada mes, para su información a la Comisión de Presupuesto y al MEF.

En el caso de que la solicitud ascienda a $200,000.01 y hasta $5,000,000.00 serán evaluados, tramitados y autorizados por el MEF y remitidos dentro de los primeros 20 días, de cada mes, para su información a la Comisión de Presupuesto.

Ambos economistas coincidieron en que el manejo del tope de $5,000,000.00 que busca el MEF en los traslados de partida es “muy alto y da demasiado poder a una sola entidad sobre este tema”.

Quintero, por su parte, explicó que “el MEF debe manejarse en una cifra más baja porque de cierta manera el Órgano Ejecutivo no puede tener dominio absoluto en lo que es la política económica del país”. “Me parece que la cifra es un poco alta y debe reducirse. Además, ambos Órganos del Estado deben apostar por un equilibrio”, subrayó.

Mientras que Jované señaló que “el manejo de un tope de traslado de partida por $5,000,000.00 no solo es alto”, sino que es “demasiado para que un ministro del MEF pueda tomar una decisión sin consultar a otros órganos del Estado, que son el contrapeso para exigir transparencia o rendición de cuentas”.

“Evidentemente, un contrapeso interesante es que si alguien va a cambiar partidas por $5,000,000.00, uno esperaría que por lo menos vaya a la AN, a explicar esos cambios, que si bien lo pueden hacer, pero cuando ya pasó todo”, manifestó Jované, quien además indicó que el proyecto de ley no dice que el ministro se responsabilizará de sus decisiones.

Por último, la reforma también buscaría modificar la cuantía para hacer frente a los casos de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete, a un monto que permita atender de forma adecuada situaciones imprevistas que requieran medidas urgentes y apremiantes para dar oportuna solución a problemas de la población.

Quintero detalló que lo más importante sobre este tema es su relación con la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal, que es la que permite hacer uso hasta de los recursos del Fondo de Ahorros de Panamá, en caso de una situación crítica. Por lo tanto, ve positivo que se busque “adecuar la situación a la realidad que se pueda dar”.

Sin embargo, Jované es de la teoría de que se debe tener cuidado también de que exista información a la población de cuándo se trata de estados de emergencias, así como del cumplimiento de informes de rendición de cuentas que permitan una transparencia sobre estos recursos.